Autor: J. A.
Según un informe de la Contraloría General de la República (CGR), publicado en su página web con fecha 27 de febrero del 2025, y tras una solicitud de información a través de la Ley de Transparencia entregada hoy 20 de marzo, se reveló que entre noviembre de 2022 y diciembre de 2024, 242 de las 345 municipalidades del país infringieron la normativa al otorgar o renovar licencias de conducir a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Entre ellas, la Municipalidad de Isla de Maipo se encuentra en la lista de las comunas que habrían incurrido en esta irregularidad.
El informe, contenido en el cuarto Consolidado de Información Circularizada (CIC), determinó que 3.432 licencias fueron emitidas de manera indebida en todo el país a personas que adeudan un total de $17.473.007.109 en pensiones alimenticias. En la Región Metropolitana, el 94% de los municipios incumplieron la norma, lo que representa una grave falta al marco legal vigente.
En el caso de la Municipalidad de Isla de Maipo, el informe detalla que se otorgaron 28 licencias de conducir a un total de 14 personas registradas como deudoras. De estas, 14 fueron licencias no profesionales y 14 correspondieron a licencias profesionales y especiales. Las licencias profesionales permiten conducir taxis, ambulancias, transporte público y privado, transporte escolar y transporte de carga, mientras que las licencias especiales son necesarias para operar vehículos policiales, de bomberos, de las Fuerzas Armadas y maquinaria automotriz. Además, se identificó que una de estas personas es familiar de un funcionario municipal, lo que refuerza la preocupación sobre posibles irregularidades en el proceso. Las personas pueden tener hasta 3 tipos de licencia (No profesional, profesional y especial).
Desde 2022, la Ley N° 21.389 prohíbe expresamente la entrega de licencias de conducir a quienes figuren en el Registro Nacional de Deudores. La CGR enfatizó que es responsabilidad de los funcionarios municipales verificar si una persona se encuentra en dicho registro antes de aprobar la emisión del documento. En caso de incumplimiento, los responsables pueden enfrentar sanciones disciplinarias, que incluyen multas de entre el 10% y el 50% de su remuneración.
Funcionarios municipales y sus familiares en el registro de deudores
El informe también reveló que 65 funcionarios municipales a nivel nacional obtuvieron o renovaron su licencia de conducir en la misma municipalidad en la que trabajan, a pesar de estar inscritos en el Registro de Deudores de Pensión Alimenticia. Además, se identificó que 482 personas deudoras son familiares de empleados municipales que habrían recibido el documento de manera irregular. Tal y como se mencionó, en Isla de Maipo se otorgó una licencia a un familiar de un funcionario municipal.
Ante estos hallazgos, la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría anunció que se realizarán futuras fiscalizaciones para corroborar las irregularidades detectadas y aplicar las medidas correctivas necesarias.
