Autor: J.O.
La Contraloría General de la República volvió a advertir que la Municipalidad de Isla de Maipo no ha corregido las irregularidades detectadas en el pago de horas extraordinarias a nueve funcionarios municipales, pese a haber transcurrido más de un año desde el primer informe que ordenaba adoptar medidas correctivas.
En septiembre de 2023, el órgano fiscalizador emitió el oficio N° E389232, en el que se constató el uso excesivo de justificaciones manuales para acreditar asistencia laboral en diciembre de 2022. Esto permitió el pago de horas extras en enero de 2023, sin respaldo en el sistema de control biométrico de la municipalidad.
Entre los hallazgos se incluyó que varios funcionarios, con cargos como Jefe de Gabinete, conductor de vehículo municipal, entre otros, presentaron múltiples registros corregidos manualmente por la Unidad de Personal, sin protocolos formales ni sistemas consistentes para verificar su veracidad. En algunos casos, ni siquiera existía justificación para las ausencias o errores en el sistema de marcación.
Pese a que el municipio defendió el pago argumentando tareas «impostergables» y la necesidad de compensación según el principio retributivo, la Contraloría observó que no existía un manual de procedimiento para estas situaciones, lo que contraviene los principios de control, eficiencia y eficacia establecidos en la Ley 18.575.
En junio de 2025, a través del nuevo oficio N° E103577, la Contraloría reiteró que la observación principal sigue pendiente, pese al seguimiento realizado en 2024 (oficio N° E585317). La observación no subsanada se refiere a la falta de evidencia de que las horas extraordinarias efectivamente fueron trabajadas y la posible manipulación del sistema biométrico.
Ahora, la Contraloría ordenó que sea la propia unidad de control interno del municipio la que verifique y documente el cumplimiento de la corrección en el sistema oficial CGR. Sin embargo, no se ha informado públicamente si se han realizado los reintegros solicitados o si se inició el procedimiento disciplinario exigido en 2023.
La situación pone nuevamente en duda las prácticas de fiscalización interna del municipio, en un contexto en que la confianza ciudadana en las instituciones locales se ve afectada por la falta de transparencia y control efectivo en el uso de recursos públicos. Esto sumado a que, en los CIC de contraloría sobre horas extraordinarias, ya se advertía sobre el uso de horas extras en donde vulnerarían el derecho al descanso.