La Contraloría General de la República advirtió recientemente sobre la precariedad en la dotación de las unidades de control interno municipal, pieza clave en la fiscalización del uso de recursos públicos. El informe consolidado CIC N° 2 de 2025 reveló que el promedio nacional de funcionarios/as en estas unidades es de 4 por municipalidad. No obstante, más de la mitad de las comunas (58%) cuentan con entre 1 y 3 personas a cargo de esta labor estratégica.
Uno de los casos más críticos es Isla de Maipo, comuna perteneciente al grupo 4 de la tipología SUBDERE (zonas semiurbanas de desarrollo medio a bajo). En este grupo, el promedio de funcionarios/as en unidades de control es de 3 personas. Sin embargo, Isla de Maipo cuenta apenas con una sola persona asignada a esta función. Esto significa que la dotación en esta comuna está por debajo tanto del promedio nacional como del promedio de su propio grupo.
Con una población de 36.219 habitantes (según el Censo 2017), el presupuesto municipal actualizado para 2024 asciende a $13.216 millones de pesos, lo que implica que esa única persona debe vigilar la legalidad, eficiencia y probidad en el uso de cada peso ejecutado, en solitario.
¿Qué implica esta brecha?
Las funciones que recaen sobre la unidad de control no son menores: auditar la legalidad de los actos del municipio, representar al alcalde actos ilegales, asesorar al concejo, y controlar el cumplimiento presupuestario, entre otras responsabilidades críticas. Según la Contraloría, estas unidades constituyen la tercera línea de defensa en la estructura de control público.
En Isla de Maipo, la sobrecarga que conlleva esta infraestructura mínima pone en riesgo la capacidad del municipio de detectar errores, prevenir actos ilegales o hacer auditorías oportunas. Esta situación no solo compromete la transparencia institucional, sino que limita severamente la capacidad fiscalizadora del concejo municipal y la ciudadanía.
Comparaciones reveladoras
En otras comunas del mismo grupo, como Quemchi (Región de Los Lagos), hay 6 funcionarios/as para fiscalizar un presupuesto mucho menor ($15.032 millones), lo que representa $2.505 millones por cada funcionario/a. En contraste, en Isla de Maipo, el único funcionario/a debe supervisar más de $13.216 millones, una cifra cinco veces mayor por persona.
