La Asociación de Funcionarios/as de la Salud de Isla de Maipo ha declarado públicamente que se encuentra en estado de alerta ante una serie de irregularidades laborales que, aseguran, han sido reiteradas por parte de la actual gestión municipal sin que hasta ahora se hayan entregado respuestas satisfactorias.
En un comunicado difundido hoy, la organización detalla diversas situaciones que afectan directamente la estabilidad laboral del personal de salud. Entre las principales denuncias se encuentran contratos firmados fuera del plazo legal, términos de contrato sin fundamentos ni evaluaciones objetivas, y modificaciones contractuales arbitrarias, como la reducción de contratos de un año a solo seis meses.
Además, alertan sobre el creciente nivel de incertidumbre laboral que afecta a funcionarios con contratos a plazo fijo, muchos de los cuales desconocen si continuarán en sus puestos a pesar de contar con buenas evaluaciones por parte de sus superiores.
Frente a este escenario, la Asociación ha solicitado una reunión formal con la secretaria general de la Corporación de Educación y Salud de Isla de Maipo, Paula González, con el objetivo de exponer estas problemáticas y exigir respuestas concretas. Es importante destacar que el cargo de secretaria general es una designación directa del alcalde en ejercicio, por lo que las decisiones que afectan al personal se enmarcan dentro de las responsabilidades de la actual administración comunal.
La reunión fue solicitada el día 3 de junio, pero hasta el cierre de esta nota aún no se ha recibido una respuesta oficial.
Desde la Asociación de Funcionarios/as recalcan que, por ahora, no se ha convocado a paro ni se han interrumpido las atenciones, las cuales continúan desarrollándose con normalidad. Sin embargo, advierten que, de no obtener respuestas prontas y efectivas, las acciones podrían escalar en los próximos días, en defensa de los derechos laborales y la estabilidad de los equipos de salud comunales.
Con esta declaración, las y los trabajadores buscan visibilizar una situación que —según indican— vulnera principios básicos de probidad, transparencia y buena gestión en el área de la salud pública local.
