La Contraloría General de la República publicó en Mayo de 2025 su Informe Consolidado N°8, revelando un preocupante retraso en la implementación de los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC), instrumentos clave exigidos por la Ley Marco de Cambio Climático (N° 21.455).
El informe advierte que solo 22 de las 345 municipalidades del país tienen aprobado su PACCC, es decir, apenas el 6%. Otras 147 comunas han iniciado el proceso, pero la mayoría permanece en fases iniciales como «preparación» o «diagnóstico», pese a ser oficiados por contraloría en octubre de 2024. Entre ellas se encuentra Isla de Maipo, que según el mapa de avance publicado por Contraloría, se encuentra en proceso de elaboración, sin contar aún con un plan aprobado ni publicado.
Una obligación legal aún sin cumplir
La ley establece de manera explícita que todas las municipalidades deben tener su PACCC elaborado al 13 de junio de 2025. Este instrumento no es simbólico: debe contener medidas concretas de mitigación, adaptación y financiamiento, incluyendo indicadores de seguimiento y verificación. Además, su incumplimiento está sancionado por ley con una multa correspondiente a una remuneración mensual del alcalde, aunque la Contraloría advirtió un vacío legal en la ejecución de esa sanción, lo que agrava la falta de cumplimiento.
¿Y en Isla de Maipo?
Según información disponible públicamente, el municipio de Isla de Maipo inició el proceso participativo para su PACCC el 15 de abril de 2025, a través de talleres territoriales que se extendieron hasta el 7 de mayo. A la fecha de esta publicación, sin embargo, el resultado final del plan aún no ha sido divulgado. Este retraso ocurre a menos de un mes del plazo legal.
El desafío local ante una crisis global
El informe de Contraloría resalta que los PACCC deben ser más que documentos administrativos: son hojas de ruta para la resiliencia y sostenibilidad comunal, y herramientas claves para guiar inversiones, planificación urbana y políticas de emergencia climática. En el caso de Isla de Maipo, la ausencia de un plan aprobado, pese a haber iniciado el proceso, refleja una debilidad institucional preocupante, especialmente cuando el cambio climático ya es una amenaza tangible para el desarrollo local.
