El Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) presentó este lunes el informe «Vulneraciones a la Prensa 2022–2025», documento que evidencia un deterioro en las condiciones para el ejercicio del periodismo en Chile y un incremento sostenido de las agresiones contra periodistas, medios de comunicación y comunicadores.
La actividad, titulada «Periodismo bajo presión: desafíos para informar en Chile», reunió a periodistas, académicos y representantes de medios para dar a conocer los principales resultados del sistema de monitoreo que el ODC desarrolla desde 2019 sobre vulneraciones a la libertad de expresión y de prensa en el país.
Un aumento sostenido de las agresiones
El informe documentó 424 vulneraciones al ejercicio periodístico y 485 víctimas o entidades afectadas entre 2022 y 2025, lo que equivale a una afectación cada tres días.
Las cifras muestran un aumento de 69,4% en los incidentes registrados, pasando de 85 casos en 2022 a 144 durante 2025.
Aunque las agresiones físicas continúan siendo la categoría más frecuente, con 119 casos durante el período, el estudio advierte un cambio en la naturaleza de las amenazas. Durante 2025 disminuyeron las agresiones físicas, pero aumentaron significativamente los discursos estigmatizantes, las agresiones verbales, el hostigamiento judicial y las formas de violencia facilitadas por tecnologías digitales.
Según el monitoreo, los usuarios de redes sociales se consolidaron como el principal agresor no estatal durante 2025, concentrando 113 ataques, mientras que las mujeres periodistas enfrentan mayores niveles de hostigamiento reiterado y violencia digital.
El presidente del ODC, Javier García, señaló que las agresiones «se han sofisticado», pasando de impedir coberturas periodísticas a desarrollar campañas permanentes de descrédito y hostigamiento que buscan desgastar e intimidar a periodistas, especialmente de medios locales e independientes.
Islita TV aparece entre los casos registrados
Dentro del período analizado por el ODC, Islita TV registra cinco vulneraciones a la libertad de prensa entre 2022 y 2025, las cuales fueron incorporadas al sistema nacional de monitoreo desarrollado por la organización.
Las situaciones reportadas corresponden a distintos hechos que afectaron el ejercicio periodístico del medio comunitario durante esos años en la administración del alcalde Juan Pablo Olave (UDI) y forman parte de la base de antecedentes utilizada por el Observatorio para caracterizar el estado de la libertad de prensa en Chile.
Informe de Voces del Sur alerta sobre uso abusivo del poder estatal
Durante la actividad también se abordaron los resultados del Informe Sombra 2025 de la red Voces del Sur, elaborado para el capítulo chileno por el ODC.
El documento registró 125 alertas y 190 víctimas durante 2025, con un aumento de 14,4% respecto del año anterior. Entre sus principales conclusiones destaca, por primera vez, la identificación de tres casos de uso abusivo del poder estatal para restringir el pluralismo informativo, todos con impacto sobre medios comunitarios y locales.
Los casos corresponden a:
- Una medida de censura previa dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco contra el director de un medio regional y dos de sus fuentes.
- El término unilateral del comodato de un inmueble municipal utilizado por un medio comunitario por parte de la Municipalidad de San Miguel.
- La decisión de un servicio público de salud de no renovar el contrato de un trabajador debido a su colaboración con un medio comunitario crítico de la gestión municipal.
Este último caso corresponde a una vulneración registrada por el ODC en relación con Islita TV, donde se concluyó que la no renovación laboral estuvo vinculada al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y al trabajo periodístico desarrollado desde el medio comunitario.
Un desafío para la democracia
El Observatorio sostuvo que la evolución de estas cifras refleja una transformación en las formas de amedrentamiento contra la prensa, donde la violencia física convive con campañas de descrédito, hostigamiento sistemático, acciones judiciales y agresiones digitales destinadas a afectar la credibilidad e independencia de periodistas y medios de comunicación.
Para el ODC, contar con un sistema permanente de monitoreo resulta fundamental para visibilizar estas vulneraciones, generar evidencia y avanzar hacia políticas públicas que fortalezcan la protección de la libertad de expresión y del periodismo, especialmente en el ámbito de los medios locales, independientes y comunitarios.
