Por: J.O.
Un oficio enviado por el alcalde de Isla de Maipo, Juan Pablo Olave Cambara (UDI), a la Contraloría General de la República solicita que se tenga presente la actuación de la actual administración y que no se persiga responsabilidad civil de sus actuales directivos y funcionarios por la deuda previsional de la Corporación Municipal de Educación y Salud.
El Ordinario N° 1100/161-2026, fechado el 29 de mayo de 2026, informa una deuda previsional de $772 millones al cierre de abril, que asciende a $821 millones considerando intereses, reajustes y recargos. El documento también señala que el Ministerio de Educación ha retenido $348,6 millones en subvenciones por el incumplimiento previsional.
El alcalde señala que conocía el atraso desde marzo, pero que la magnitud de la deuda fue informada en mayo
Uno de los antecedentes relevantes del oficio es que el propio alcalde señala haber tomado conocimiento del retraso en el pago de las cotizaciones durante marzo. A raíz de ello, el 17 de marzo impartió instrucciones para regularizar la situación y mejorar los controles internos, además de instruir un sumario administrativo mediante el Decreto N° 966.
Sin embargo, el documento establece una diferencia entre ese conocimiento inicial y la magnitud total de la deuda. Según el oficio, el 14 de mayo el alcalde recibió el informe que cifró el pasivo previsional en $772 millones.
El alcalde atribuye a la entonces secretaria general de la Corporación, Paula González Poblete, el incumplimiento de las instrucciones y la falta de información oportuna sobre la magnitud de la deuda.
En su petición a Contraloría, el alcalde sostiene además que la deuda correspondiente a los períodos de diciembre de 2025 a abril de 2026 se generó mientras González ejercía el cargo, argumento que utiliza para solicitar que no se persiga responsabilidad civil de los actuales directivos y funcionarios.
Plan para enfrentar la deuda
El oficio incorpora un Plan Integral de Regularización, que contempla gestiones ante el Ministerio de Educación para levantar las retenciones y solicitar el pago directo de la deuda previsional, además de convenios de pago con instituciones previsionales, posibles anticipos del Fondo Común Municipal y otras medidas de reorganización financiera.
El documento proyecta que la aplicación del mecanismo de levantamiento de retenciones y pago directo permitiría reducir la deuda en 42,4%, mientras que la combinación de las distintas medidas permitiría una normalización progresiva en un horizonte de 18 a 36 meses.
Finalmente, el alcalde solicita a Contraloría tener por cumplida la obligación de informar documentadamente el plan y considerar las medidas adoptadas por la actual administración. La decisión sobre los alcances de la eventual exención de responsabilidad corresponde al órgano contralor.
Los antecedentes utilizados en esta publicación fueron obtenidos mediante una solicitud de acceso a la información pública, realizada al amparo de la Ley N° 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública.
