El incendio que afectó la vivienda del concejal Alfaro (FA) el 14 de julio de 2025 no solo dejó a cuatro personas damnificadas —entre ellas dos menores, uno de apenas seis meses—, sino que también desató un conflicto político en Isla de Maipo. Las acusaciones de tráfico de influencias, aprovechamiento político y cuestionamientos a la actuación de SENAPRED y de la Delegación Presidencial Provincial dominaron la agenda local durante semanas, mientras desde el oficialismo comunal acusan un uso político del hecho por parte de la administración del alcalde Juan Pablo Olave (UDI).
Tras la revisión de los antecedentes obtenidos vía Ley de Transparencia, se detectaron contradicciones en las acusaciones de supuesto tráfico de influencias, así como errores involuntarios del municipio derivados del desconocimiento del procedimiento para gestionar viviendas de emergencia en la comuna. A esto se suman los cuestionamientos ético-morales sobre si un concejal puede o no recibir este tipo de beneficios estando en ejercicio. Todo lo anterior abre la posibilidad de que el aprovechamiento político por parte de Olave pueda ser real, al intentar dañar la imagen del único concejal de oposición en el concejo.
14 de julio: el incendio y los primeros informes
La emergencia se registró a las 2:00 de la madrugada. Bomberos, Carabineros y Seguridad Pública constataron pérdida total de la vivienda. Ese mismo día, la directora de DGMAO, María Ignacia Allendes, firmó el Informe Alfa N°3, que acreditó la necesidad de una vivienda de emergencia equipada con baño. Días más tarde, el 18 de julio, se digitó la Ficha FIBE, confirmando la situación crítica de la familia.
28-30 de julio: la orden de compra y los correos
El 28 de julio se emitió una orden de compra para la vivienda de emergencia, con un costo de $7,3 millones. El 30 de julio, correos electrónicos entre la empresa proveedora Grupo SCM, funcionarios de SENAPRED y del municipio comenzaron a coordinar la instalación de la vivienda. En esos intercambios también participó el propio concejal Alfaro.
2 de agosto: la publicación que enciende la polémica
El medio digital Medios Unidos difundió un artículo titulado “Concejal del Frente Amplio recibe vivienda gratis de $7 millones en tiempo récord: acusan tráfico de influencias en Talagante”. La nota cuestionaba la rapidez de la gestión y los ingresos del concejal, incluyendo además datos personales de su familia.
3–5 de agosto: suspensión de la entrega
El 3 de agosto, Alfaro solicitó a SENAPRED y al municipio renunciar formalmente a la vivienda, acusando instrumentalización política de su desgracia. SENAPRED respondió que para suspender el beneficio debía presentarse un oficio formal por parte de la municipalidad. Finalmente, el 5 de agosto, el municipio ingresó el oficio solicitando la suspensión de la entrega. Instrucción que el propio municipio desconocía, según se constata en los correos enviados.
9–13 de agosto: las disputas en el concejo municipal
El tema llegó al concejo municipal. El concejal Miguel Olave (Ex UDI) y el alcalde Juan Pablo Olave (UDI) criticaron duramente la situación, acusando posibles irregularidades y falta de transparencia. Miguel Olave pública un video indicando el posible tráfico de influencias, además de señalar que su vídeo no es un aprovechamiento político. Alfaro respondió con un video en redes sociales, acusando a los Olave de aprovecharse políticamente de su tragedia. En la sesión del 13 de agosto, nuevamente hubo un cruce entre Alfaro y el alcalde, quien prometió investigar “eventuales irregularidades”.
Extractos publicados por páginas de facebook. Las sesiones completas de concejo fueron borradas desde la plataforma facebook del municipio.
28 de agosto: denuncia en Contraloría
El concejal Miguel Olave, acompañado por el candidato UDI Jaime Coloma (ahora diputado electo), presentó una denuncia en la Contraloría General de la República para que se investigara la gestión de la vivienda.
Comparaciones y contradicciones
Una solicitud de transparencia a SENAPRED reveló que entre julio de 2021 y agosto de 2025 solo se habían gestionado dos viviendas de emergencia en Isla de Maipo: la de Alfaro (posteriormente cancelada) y otra, para un adulto mayor afectado por un incendio el 1 de agosto de 2025, cuya orden de compra se emitió el 11 de agosto por un monto de $8,4 millones, más alto que el de la vivienda destinada inicialmente al concejal, además de demorarse 3 días menos en su gestión.
Casos de viviendas de emergencia en la provincia de Talagante
A través de una solicitud realizada por Ley de Transparencia, SENAPRED entregó información sobre las gestiones efectuadas por las distintas comunas de la provincia para solicitar beneficios en contextos de emergencia. El análisis de los antecedentes permitió constatar lo siguiente:
| Comuna | Emergencia | Orden de compra | Valor (CLP) | Institución solicitante | Días de demora |
|---|---|---|---|---|---|
| El Monte | Desborde canal San José (29-06-2023) | Vivienda de emergencia con baño (20-07-2023) | 8.131.695 | DPP Talagante | 21 |
| Padre Hurtado | Incendio 6 casas (17-10-2022) | 4 vivienda de emergencia con baño (08-11-2022) | 31.275.751 | Municipalidad de Padre Hurtado | 22 |
| Peñaflor | Incendio 2 casas (07-06-2023) | 2 viviendas de emergencias (14-06-2023) | 16.263.390 | Municipalidad de Peñaflor | 7 |
| Peñaflor | Incendio casa (09-04-2025) | Viviendas de emergencia (16-04-2025) | 7.650.272 | Municipalidad de Peñaflor | 7 |
| Peñaflor | Incendio casa (12-07-2024) | Kit cocina y camarote (03-01-2025) | 932.501 | Municipalidad de Peñaflor | 175 |
| Peñaflor | Incendio casa (02-07-2025) | Vivienda de emergencia con baño (04-07-2025) | 8.367.485 | Municipalidad de Peñaflor | 2 |
| Isla de Maipo (Caso Alfaro) | Incendio casa (14-07-2025) | Vivienda de emergencia con baño (28-07-2025) | 7.357.852 | Municipalidad de Isla de Maipo | 14 |
| Isla de Maipo | Incendio casa (01-08-2025) | Vivienda de emergencia con baño (12-08-2025) | 8.461.530 | Municipalidad de Isla de Maipo | 11 |
Análisis
- Tiempos de gestión
- El rango es muy amplio: desde solo 2 días en Peñaflor hasta 175 días en otro caso en la misma comuna.
- En promedio, la mayoría de los casos se resuelven entre 7 y 22 días, lo que sitúa al caso del concejal Alfaro en Isla de Maipo (14 días) dentro del rango normal y no como un caso excepcional.
- Montos
- El valor unitario de las viviendas fluctúa entre $7,6 millones y $8,3 millones, con excepción del caso de Padre Hurtado (4 viviendas con costo unitario más bajo, aprox. $6,5 millones) y el kit de emergencia de $932.501 en Peñaflor.
- La vivienda gestionada para Alfaro ($7,3 millones) se encuentra dentro del promedio.
- Instituciones solicitantes
- En la mayoría de los casos, las municipalidades realizaron la gestión directa.
- La excepción es El Monte, donde intervino la Delegación Presidencial Provincial (DPP Talagante).
- En Isla de Maipo, como en la mayoría de los casos, fue el municipio el que tramitó la solicitud.
- Comparación política y mediática
- Los tiempos de gestión y el costo de la vivienda de Alfaro no destacan por ser más rápidos ni más altos que en otras comunas.
- La polémica, más que sustentarse en datos objetivos, se potencia en el plano político y mediático local.
Más allá del caso: las reglas de asignación
La normativa vigente establece que las municipalidades deben canalizar los requerimientos de viviendas de emergencia hacia SENAPRED, basándose en evaluaciones como la Ficha FIBE.
Protocolo de entrega de vivienda según instructivo de SENAPRED
1. Rol de los municipios
- Los municipios son los responsables de levantar los requerimientos de viviendas de emergencia tras un incendio u otra catástrofe y canalizarlos a través de las Direcciones Regionales de SENAPRED.
- Los Municipios deben:
- Elaborar el Informe Alfa para acreditar el daño estructural.
- Aplicar o coordinar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) del MDSyF
- Asegurar que el terreno donde se instalará la vivienda no esté en zona de riesgo y tenga superficie suficiente.
- Validar certificados cuando el sitio es cedido o allegado.
- Notificar oficialmente en caso de renuncia al beneficio, ya que no está permitida la reasignación de viviendas.
2. Beneficiarios de las viviendas de emergencia
- Sólo personas damnificadas que hayan perdido su única residencia.
- No aplica para segundas viviendas ni propiedades comerciales.
- La vivienda debe estar destruida o con daño mayor no habitable, acreditado en el Informe Alfa y la FIBE.
- El beneficiario debe tener terreno disponible (propio o autorizado por un tercero).
- No aplica en casos de:
- Arrendatarios (el beneficiario sería el propietario).
- Ocupaciones irregulares.
3. ¿Un concejal puede recibir vivienda de emergencia?
En la sesión N°25 del concejo municipal con fecha 13 de agosto, el alcalde Juan Pablo Olave (UDI) afirmó al concejal Alfaro (FA): “Usted es autoridad, usted no puede recibir un beneficio del Estado, menos de esa cuantía”. Ante dicha declaración, se revisaron los protocolos y se consultó directamente a SENAPRED para aclarar este punto.
- El instructivo para el otorgamiento de viviendas de emergencia no establece ninguna restricción para autoridades, concejales o funcionarios públicos.
- Lo determinante es que:
- Sea su única vivienda.
- Haya quedado inhabitable o destruida.
- Se acredite el daño y la condición de damnificado en la FIBE e Informe Alfa.
- De acuerdo a una respuesta entregada por SENAPRED a través de una solicitud de información, no existe impedimento para que un concejal acceda a una vivienda de emergencia en caso de desastre. El organismo precisó que no se establecen limitaciones ni excepciones respecto de autoridades, ya que la ayuda humanitaria está dirigida a todas las personas damnificadas por un evento destructivo. En particular, la entrega de una vivienda de emergencia depende de que se cumplan los criterios establecidos —pérdida mayor o destrucción total del hogar, acreditada mediante la Ficha FIBE y el Informe Alfa— y de que el municipio respalde la solicitud con la documentación correspondiente.
En conclusión
El caso Alfaro se convirtió en un eje de confrontación política en Isla de Maipo. Mientras los Olave lo presentaron como un ejemplo de irregularidades y tráfico de influencias, Alfaro lo denunció como un montaje político para dañar su imagen, siendo el único concejal opositor en el concejo.
El caso refleja cómo una tragedia personal derivó en un conflicto político mayor, donde se mezclaron acusaciones de tráfico de influencias, exposición mediática y disputas partidarias en el concejo municipal. La investigación de Contraloría y la transparencia en los procesos determinarán si existieron irregularidades o si se trató, como afirma el concejal Alfaro, de un montaje político.
No obstante, más allá de esas interrogantes, surgen otras preguntas que aún esperan respuesta: si, como plantea el alcalde, un concejal no puede recibir este tipo de beneficios, ¿por qué el propio municipio gestionó la solicitud ante SENAPRED? ¿Por qué no se advirtió sobre este supuesto impedimento antes de que el caso se hiciera público? Y, según los datos del propio SENAPRED, ¿por qué esta fue la primera vivienda de emergencia solicitada por el municipio en los últimos cuatro años de gestión? Preguntas que, por ahora, quedan abiertas y que solo el tiempo y la investigación podrán esclarecer.
