Cuando una autoridad reduce la corrupción solo a delitos, en realidad está estableciendo un estándar mínimo de comportamiento: ‘todo lo que no sea ilegal, es aceptable’. Y este es justamente el terreno donde prospera la corrupción.
El caso destapado en la Municipalidad de Isla de Maipo —con funcionarios detenidos por una red de licencias de conducir fraudulentas— no es solo un hecho policial. Es también un ejemplo claro de cómo opera la corrupción a nivel local y cómo se construye su relato político.
La investigación de la Fiscalía apunta a una organización que operaba al interior del municipio al menos desde 2023, con cobros de hasta $500 mil, manipulación de exámenes, omisión de pruebas y falsificación de antecedentes. No se trata de un hecho aislado, sino de una estructura sostenida en el tiempo.
Aquí aparece una tensión clave. El alcalde ha instalado públicamente que su gestión está “combatiendo la corrupción” e incluso ha señalado que fue él quien denunció los hechos. Sin embargo, según su propio relato, ya en 2023 tenía conocimiento de estas irregularidades y debió recopilar antecedentes antes de denunciar.
Desde una mirada más amplia, la corrupción municipal no comienza en el delito. Incluye también irregularidades, faltas éticas y decisiones discrecionales que vulneran la probidad (Centro UC, 2025). Es decir, estos casos no surgen de la nada: se desarrollan en contextos donde los controles fallan o simplemente no existen.
Y ese es precisamente el problema estructural. En Chile, muchas municipalidades carecen de herramientas básicas de integridad, como canales de denuncia efectivos o mecanismos de control interno robustos (Chile Transparente, 2025). En ese escenario, la corrupción no solo ocurre, sino que puede mantenerse en el tiempo sin ser detectada o sancionada oportunamente.
A esto se suma el uso político del caso. La declaración firmada por cinco concejales intenta posicionar al alcalde como garante de la probidad, instalando la idea de que la lucha contra la corrupción es liderada por su gestión. Sin embargo, este enfoque es parcial: se enfatiza un caso específico, pero se omiten otras posibles manifestaciones de corrupción o irregularidades dentro del propio municipio. Así, más que una postura integral, se configura un relato funcional políticamente.
La contradicción es evidente: la misma declaración señala que no tiene fines políticos, pero su contenido apunta justamente a reforzar una imagen política determinada.
Además, la carta se presenta como una voz del “Concejo Municipal”, pero excluye al único concejal de oposición, quien afirmó no haber sido contactado. Esta omisión debilita el carácter representativo del órgano y reduce el pluralismo democrático. Más que una declaración institucional, termina siendo un pronunciamiento alineado políticamente, que invisibiliza una posición disidente.
El punto de fondo es claro:
la corrupción municipal no es solo un problema de delitos, sino de condiciones estructurales y también de cómo se comunica. Cuando el foco se pone solo en ciertos casos y no en el conjunto del problema, el riesgo es que la lucha contra la corrupción se transforme más en un relato que en una política real.
Referencias Bibliográficas
