La Red Voces del Sur documentó 2.484 alertas en América Latina durante 2025. En Chile, tres casos inéditos de uso abusivo del poder estatal y las represalias contra Islita TV ilustran una tendencia regional que afecta desproporcionadamente al periodismo local y comunitario.
La Red Voces del Sur (Red VDS), coalición regional integrada por 17 organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe dedicadas a la defensa de la libertad de expresión y la seguridad de periodistas, publicó hoy su octavo Informe Sombra sobre la Libertad de Prensa en América Latina. El documento, elaborado en el marco del Indicador 16.10.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, revela que la violencia contra el periodismo en la región no disminuye: se transforma y se sofistica.
Fundada en 2017 con el propósito de construir un registro común y comparativo de agresiones contra la libertad de prensa, Red VDS se constituyó legalmente en Uruguay en 2024 como asociación civil autónoma. En Chile, su organización socia es el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC).
Un retroceso estructural en la región
El informe registró 2.484 alertas que afectaron a 3.230 víctimas en 17 países, y constató que uno de cada dos agresores identificados fue un actor estatal. La violencia letal cobró la vida de 23 periodistas —nueve más que en 2024—, equivalente a una muerte cada 16 días. México encabezó los registros con siete asesinatos, seguido por Ecuador con cinco y Perú con cuatro.
El discurso estigmatizante fue la segunda categoría más frecuente, con 547 alertas, al menos la mitad emitidas desde actores estatales. El hostigamiento judicial acumuló 190 alertas, mientras que las restricciones al acceso a la información sumaron 279 casos en toda la región.
Chile: el debut de los abusos de poder institucional
En el capítulo chileno del informe, el ODC registró 125 alertas y 190 víctimas durante 2025, con un aumento del 14,4% en el número de personas afectadas respecto al año anterior. Una de las novedades más significativas fue el registro, por primera vez, de tres alertas por uso abusivo del poder estatal, las tres con un denominador común: instituciones públicas utilizando sus atribuciones para restringir el pluralismo informativo, con un impacto desproporcionado sobre medios comunitarios y locales.
El primer caso involucra a la Corte de Apelaciones de Temuco, que impuso censura previa contra el director de un medio regional y dos de sus fuentes mediante una orden cautelar. El segundo caso recae sobre la alcaldesa de San Miguel, quien terminó unilateralmente el comodato de un inmueble municipal que ocupaba un medio comunitario. El tercer caso es el que más directamente cruza las fronteras del derecho laboral y la libertad de expresión: un servicio público de salud decidió no recontratar a un trabajador por su colaboración con un medio comunitario que cuestionaba la gestión municipal.
El caso Islita TV: represalias documentadas contra un medio local
Este tercer caso corresponde al medio comunitario Islita TV, de la comuna de Isla de Maipo, y concentra una serie de hechos que el informe cataloga como parte de un patrón sostenido de hostigamiento institucional.
Desde 2024, el alcalde de Isla de Maipo ha realizado declaraciones públicas descalificando al medio, acusándolo de desinformar, de generar crisis inexistentes y de actuar con animosidad política. En la 30ª Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, celebrada el 1 de octubre de 2025, el alcalde se refirió a las solicitudes de acceso a información de Islita TV señalando que veía en ellas «una especie de obsesión, de una persecución», y llegó a preguntar retóricamente: «¿Quieren que nos vayamos todos presos? ¿Que nos caigan las penas del infierno?». En noviembre de ese año, el alcalde publicó en su cuenta personal de Instagram un contenido del medio comunitario junto al comentario: «Siempre desde pequeño fui al circo y nunca tuve miedo a los payasos. Solo me daban risa», y añadió: «como recomendación, busquen trabajo».
En materia de acceso a la información, Islita TV presentó al menos 32 recursos de amparo ante el Consejo para la Transparencia ante la entrega reiterada de respuestas incompletas o la ausencia de respuestas por parte de la Municipalidad. En al menos nueve de esos recursos se ordenó la entrega total de la información solicitada. El 16 de enero de 2026, el alcalde reconoció en la 40ª Sesión Ordinaria del Concejo Municipal que había facultado a funcionarios a rechazar solicitudes de acceso a la información de quienes, a su juicio, hacen «un uso indebido de los mecanismos de transparencia».
El caso más grave, sin embargo, es el de represalia laboral. El representante legal de Islita TV prestaba servicios en la Corporación Municipal de Educación y Salud de Isla de Maipo desde 2022 bajo contrato a honorarios. A diferencia del resto de profesionales del área, cuyas renovaciones se realizaron sin mayores trámites, a él se le exigió participar en un proceso de selección competitiva, en el que finalmente fue reemplazado por una persona con menos experiencia.
Según la información entregada por el medio, en una reunión sostenida el 18 de febrero de 2025, la Secretaria General de la Corporación le habría expresado su preocupación por el impacto que su participación en Islita TV generaba en la administración municipal, dejando en claro que eso —y no su desempeño laboral— era el factor determinante. El 17 de abril de ese año, el propio alcalde le confirmó que la decisión estaba vinculada a su trabajo en el medio comunitario.
Días después, el alcalde le envió un mensaje por WhatsApp en el que le reprochaba sus publicaciones: «Sus publicaciones instan al odio innecesario, dividen y además descontextualizan con imágenes mentirosas», escribió, para concluir: «En conclusión siga su camino que yo prefiero dejar las cosas como están».
Frente al hostigamiento sostenido, Islita TV intentó resolver el conflicto por las vías institucionales disponibles, solicitando formalmente una audiencia pública al alcalde. La respuesta del edil fue el rechazo: en la 30ª Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 1 de octubre de 2025, el alcalde justificó su negativa calificando la solicitud como «un intento de encerrona» y señalando que «lo único que hacen es apostillar la gestión», agregando que no le parecía dedicarle tiempo a ese diálogo por considerarlo «netamente una cuestión política». Ante esa negativa, Islita TV recurrió a la Contraloría General de la República, organismo que emitió un oficio instruyendo a la Municipalidad de Isla de Maipo a otorgar al medio comunitario una fecha y hora para la celebración de la audiencia solicitada. Sin embargo, al momento de la publicación de esta nota, el municipio aún no ha dado cumplimiento a dicha instrucción, dejando sin respuesta concreta una gestión que buscaba, precisamente, encontrar un canal de diálogo institucional para resolver las tensiones documentadas a lo largo de más de un año.
Una tendencia que debilita la democracia
El informe del ODC concluye que en Chile la violencia contra la prensa en 2025 consolidó un patrón dual: el espacio digital como principal escenario de discursos estigmatizantes y ataques tecnológicos, y el poder institucional ejercido de forma desproporcionada sobre los medios comunitarios y locales, que cuentan con menos recursos para defenderse y menor visibilidad para hacer resonar sus denuncias.
Para Red VDS, el deterioro sostenido de la libertad de prensa en América Latina constituye una señal crítica del debilitamiento democrático en la región. Allí donde la prensa retrocede, señala el informe, avanzan la opacidad y la impunidad, y se erosiona el derecho ciudadano a estar informado.
Fuente
El Informe Sombra 2025 de la Red Voces del Sur está disponible en www.vocesdelsurunidas.org
https://vocesdelsurunidas.org/wp-content/uploads/2026/05/Red-VDS-Informe-Sombra-2025.pdf
Chile | Denuncian represalias del Alcalde de Isla de Maipo contra medio local crítico con su gestión
https://www.youtube.com/live/riznZ0dTpP0?si=48pfY6UnugDHCZdN
