La Contraloría General de la República detectó una serie de graves irregularidades en la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) “Gacitúa”, administrada por la Municipalidad de Isla de Maipo siendo su alcalde Juan Pablo Olave (UDI), incluyendo conexiones que permitían descargar aguas servidas sin tratamiento al Estero Gatica y el uso de una manguera conectada a la red de agua potable en la zona de ingreso de las aguas residuales.
Los antecedentes están contenidos en el Informe Final N° 223, de 2026, aprobado el 9 de septiembre por la Contraloría, tras una inspección realizada junto a la Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana.
La planta presta servicio a los sectores de Gacitúa, Los Céspedes, Lo Pérez, Callejón Los Vílchez y parte de Jaime Guzmán, alcanzando a más de 900 viviendas y aproximadamente 3.600 personas.
El documento, de 72 páginas, establece una serie de observaciones que no fueron subsanadas por el municipio durante el proceso de contradicción. Debido a la gravedad de algunos de los hechos constatados, Contraloría anunció que remitirá antecedentes a la justicia.
Agua potable conectada a la entrada de aguas servidas
Uno de los principales hallazgos se produjo durante una visita realizada el 10 de diciembre de 2025.
Los fiscalizadores encontraron una manguera conectada a la red de agua potable e instalada en la cámara de entrada de la planta, donde ingresan las aguas servidas sin tratar.
La conexión permitía incorporar agua potable al afluente antes de su tratamiento. Según explica Contraloría, esta dilución disminuye artificialmente la concentración de contaminantes presentes en las aguas servidas y puede provocar que los resultados de laboratorio se encuentren dentro de los límites establecidos por el Decreto N° 90 de 2000.
En términos prácticos, la incorporación de agua limpia puede reducir la concentración de los contaminantes presentes en una muestra, sin que eso signifique que la planta haya mejorado efectivamente su proceso de tratamiento.
El municipio reconoció la existencia de la manguera, pero sostuvo que su utilización correspondía a un procedimiento técnico denominado “cebado” de las bombas elevadoras, para ponerlas en funcionamiento.
Sin embargo, Contraloría mantuvo la observación como no subsanada, entre otros motivos porque el municipio tampoco se pronunció respecto de otras conexiones irregulares detectadas en la cámara de salida de la planta.
Descargas directas al Estero Gatica
Otro de los hallazgos más graves corresponde a la existencia de conexiones de bypass que permiten que las aguas servidas sean descargadas sin pasar por el proceso de tratamiento.
Durante la fiscalización se identificaron cuatro ductos de 110 milímetros que salen desde la Planta Elevadora de Aguas Servidas y descargan directamente hacia las piscinas, evitando incluso el paso por el desarenador.
También se detectó un ducto que conecta directamente la cámara de entrada con la cámara de salida, permitiendo que el agua pase de un punto a otro sin atravesar las etapas intermedias de tratamiento.
A esto se suma la existencia de instalaciones que permiten que camiones limpiafosas descarguen directamente en las cámaras de entrada y salida de la planta.
El propio municipio reconoció ante Contraloría que se habían producido descargas de camiones limpiafosas “de carácter extraordinario y en situaciones de emergencia”, pero el organismo fiscalizador estableció que estas descargas no estaban autorizadas para realizarse sin tratamiento previo.
La municipalidad informó que iniciaría un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades funcionarias.
Antecedentes serán enviados al Ministerio Público y al CDE
La situación adquiere especial gravedad debido a que Contraloría también constató deficiencias en el control del efluente de la planta.
De acuerdo con el informe, el municipio no realiza análisis del efluente desde al menos diciembre de 2021.
Además, un análisis de laboratorio realizado en abril de 2024 registró un nivel de coliformes fecales de 1.600 NMP/100 ml, superando el límite de 1.000 NMP/100 ml establecido como máximo permitido.
Frente a las observaciones relacionadas con los vertimientos sin tratamiento al Estero Gatica y la ausencia de control del efluente, Contraloría anunció que remitirá copia del informe al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para que esos organismos evalúen eventuales responsabilidades penales y civiles.
La remisión de los antecedentes no significa que exista actualmente una condena o que se hayan establecido responsabilidades penales, sino que serán los organismos competentes los encargados de determinar si corresponde iniciar acciones.
La planta funciona sin autorización sanitaria
El informe también constató que la PTAS Gacitúa opera sin contar con la resolución de autorización sanitaria de funcionamiento exigida por el Código Sanitario.
La planta posee una aprobación correspondiente a su proyecto original, otorgada en 2005 mediante la resolución exenta N° 25.465. Sin embargo, nunca obtuvo la autorización posterior para su funcionamiento.
Además, Contraloría constató que actualmente la instalación no opera de acuerdo con el diseño originalmente aprobado.
Entre otras diferencias, no existe aireación en las piscinas de tratamiento, no se realiza el tratamiento biológico mediante lodos activados contemplado originalmente y tampoco existe una desinfección controlada del efluente mediante hipoclorito de calcio.
El municipio argumentó que se trata de una planta de “antigua data” y señaló que durante 2026 había iniciado gestiones para abordar su situación, incluyendo reuniones con autoridades y la exploración de un eventual convenio con Aguas Andinas.
Sin embargo, Contraloría señaló que esas acciones corresponden a compromisos futuros y que el municipio no acreditó el inicio formal del trámite de autorización sanitaria.
Tampoco está inscrita como operador sanitario
Otra de las observaciones corresponde a la situación administrativa de la planta.
Desde la entrada en vigencia de la Ley N° 20.998, relacionada con los servicios sanitarios rurales, la Municipalidad de Isla de Maipo debía inscribirse en el Registro de Operadores de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas, o manifestar formalmente su decisión de traspasar la operación a un comité o cooperativa.
Según Contraloría, el municipio no ha realizado ninguna de estas acciones.
Por lo tanto, continúa operando la planta sin estar inscrito en dicho registro y sin una fiscalización regular de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Lodos acumulados durante al menos 15 años
La fiscalización también reveló problemas en el manejo de los lodos generados por el proceso de tratamiento.
Personal municipal informó a los fiscalizadores que los lodos de las piscinas de tratamiento no son retirados desde hace al menos 15 años.
Esto ocurre pese a que el proyecto original de la planta contemplaba la definición de una frecuencia para el retiro de estos residuos y un sitio autorizado para su disposición final.
Durante una visita realizada en abril de 2026, Contraloría constató además que una de las canchas de secado de lodos se encontraba en uso y presentaba humedad.
El municipio atribuyó esa situación a un derrame accidental ocurrido durante la mantención de un camión limpiafosas.
Las fotografías incorporadas al informe muestran también piscinas con una alta acumulación de sólidos suspendidos, una cámara de rejas con agua estancada y bombas con presencia visible de sedimentos.
La planta superó su capacidad de diseño
La Contraloría constató además que la planta presenta problemas de capacidad y equipamiento.
En la primera inspección, realizada en diciembre de 2025, faltaba una de las cuatro bombas elevadoras del sistema.
Durante una segunda visita, realizada en abril de 2026, faltaba una segunda bomba.
La municipalidad explicó que la planta fue diseñada en 2005 para atender a un máximo de 2.500 habitantes, con un caudal de diseño de 346 metros cúbicos diarios.
Actualmente, según los antecedentes entregados a Contraloría, la instalación atiende a cerca de 3.600 personas, correspondientes a más de 900 viviendas.
El municipio presentó antecedentes de gestiones realizadas para enfrentar el problema, pero Contraloría señaló que parte de estos antecedentes correspondían a gestiones antiguas y que las medidas informadas para 2025 no fueron acreditadas.
Sin registros básicos de funcionamiento
El organismo fiscalizador también detectó que la municipalidad no mantiene registros ni controles técnicos básicos de la operación de la planta.
Entre los parámetros que no cuentan con registros se encuentran el caudal de entrada y salida, la aireación del sistema, la generación de lodos y la dosificación de hipoclorito de calcio.
Para Contraloría, la ausencia de estos antecedentes impide verificar adecuadamente el funcionamiento de la planta y determinar si el proceso de tratamiento está cumpliendo su objetivo.
Nadie tenía formalmente asignada la responsabilidad de la planta
Finalmente, el informe identifica una deficiencia administrativa de origen.
El reglamento interno municipal vigente, correspondiente al decreto alcaldicio N° 2.204 de 2021, no asignaba formalmente a ninguna dirección municipal la responsabilidad de operar y mantener la PTAS Gacitúa.
En la práctica, estas funciones eran asumidas por el Departamento de Operaciones de Emergencia, pese a que no estaban expresamente establecidas entre sus atribuciones.
El municipio señaló que esta situación habría sido corregida mediante un nuevo reglamento interno que asignaría la responsabilidad a la Dirección de Gestión de Riesgos de Desastres, Medio Ambiente, Aseo y Ornato.
Sin embargo, la municipalidad no acompañó el documento ni acreditó su aprobación formal y publicación, por lo que Contraloría mantuvo la observación.
Ocho medidas que deberá implementar el municipio
El informe establece ocho medidas correctivas obligatorias, que deberán ser acreditadas por la Municipalidad de Isla de Maipo mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo de la Contraloría.
Entre ellas se encuentran:
- Eliminar definitivamente las conexiones que permitan realizar bypass al sistema de tratamiento y coordinarse con la SEREMI de Salud y la Superintendencia del Medio Ambiente para evitar nuevas descargas al Estero Gatica.
- Implementar un programa de monitoreo del efluente mediante un laboratorio externo acreditado.
- Remitir el decreto alcaldicio que instruya el procedimiento disciplinario anunciado por las descargas de camiones limpiafosas.
- Regularizar la autorización sanitaria de funcionamiento de la planta.
- Definir si la municipalidad continuará operando la planta o procederá a su traspaso, además de regularizar su inscripción ante el MOP.
- Elaborar un plan de contingencia que permita garantizar la continuidad del servicio.
- Implementar controles y registros técnicos de la operación.
- Elaborar un inventario del estado de la infraestructura y equipamiento, acompañado de un programa de reposición y reparación.
Los plazos establecidos por Contraloría para acreditar las distintas medidas son de 15 y 60 días hábiles, dependiendo de cada obligación.
El organismo fiscalizador reiteró además que, debido a la gravedad de los vertimientos sin tratamiento al Estero Gatica y a la falta de control del efluente, remitirá los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
La investigación administrativa y las eventuales acciones que puedan adoptar los organismos competentes determinarán ahora si existen responsabilidades adicionales derivadas de los hechos constatados en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Gacitúa.
Fuente: Informe Final N° 223, de 2026, de la Contraloría General de la República (PMET N° 114.025/2026), aprobado el 9 de septiembre de 2026, sobre inspección en terreno a la PTAS Gacitúa de la Municipalidad de Isla de Maipo.
El caso también fue abordado este viernes por Informe Especial de TVN, que incluyó a Isla de Maipo entre los municipios investigados por irregularidades en sus plantas de tratamiento. El reportaje señaló que en la PTAS municipal se detectaron descargas de aguas servidas y residuos de camiones limpiafosas al Estero Gatica, además de modificaciones que podían permitir alterar el agua tratada o realizar descargas directas sin tratamiento.
